La Cámara de Diputados finalizó ayer el estudio del proyecto de reforma del transporte público e incluyó modificaciones que van de la mano con algunos de los pedidos de los sectores afectados.
La Cámara de Diputados concluyó ayer el estudio del proyecto de ley de la reforma del transporte público e introdujo una serie de modificaciones que responden, en parte, a las exigencias de los municipios, choferes y empresas operadoras. El texto regresa al Senado tras los cambios.
El pleno de la Cámara Baja utilizó como base para las modificaciones el dictamen de la Comisión de Presupuesto, liderada por la diputada colorada oficialista, María Cristina Villalba.
En lo que respecta a la solicitud de las empresas, fueron introducidos cambios respecto a la duración de las concesiones, estableciendo un mínimo de 7 años. Asimismo, se introdujo la obligatoriedad del pago de subsidios cada 15 días. En el mismo sentido, se hicieron cambios respecto a renovación de flota, permisos y fiscalizaciones. No obstante, no se aclaró sobre estos puntos.
Desde la oposición fueron planteados dos pedidos. Uno de ellos por parte del diputado Raúl Benítez (independiente), quien solicitó que la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) pase a formar parte del Viceministerio de Transporte. Asimismo, los diputados del PLRA, Carlos Pereira y Roya Torres, pidieron que localidades de Itapúa y Alto Paraná sean incluidas dentro de la reforma. Las propuestas fueron rechazadas.
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