169.144.131.619, para los fines ajenos a la competencia de dicha institución, ya que no justificaron tales erogaciones, a pesar de tener obligación de hacerlo, refiere el documento presentado por la presidenta de la Junta Departamental de Caazapá, Antonia López y los secretarios Hernán Vergara y Benigno Báez. 13.086 millones entre la ejecución presupuestaria de los gastos de los recursos provenientes de royalties y la rendición de cuentas realizada ante la Contraloría General de la República, cuyos fines son desconocidos, porque las erogaciones no fueron rendidas.
Sin embargo, pese a la gravedad de los hechos e incluso la existencia de un informe de la Contraloría que asevera las denuncias, la Fiscalía no avanzó en el caso y ni siquiera formuló imputación.
La agente del Ministerio Público a cargo es Victoria Acuña, quien, según los denunciantes, prometió celeridad, pero hasta el momento no pasó de algunas diligencias.
Concejales departamentales realizaron una primera denuncia en 2018 y la segunda fue radicada en julio del 2019.
Ante las sospechas de corrupción, solicitaron una auditoría interna y externa y hallaron varios gastos sin documentos respaldatorios.
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