Detalles by ADN Digital on 05 Febrero 2016 in PAÍS
ASUNCIÓN.- El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, decidió que no quiere que la Contraloría General de la República audite su administración. Esta es una clara violación a lo que dispone la Constitución Nacional, aunque ya lo han hecho otros administradores, como Arnaldo Samaniego mientras era intendente de Asunción y Sandra de Zacarías en Ciudad del Este.
No por muy repetida una actitud ilegal se convierte en legal. Todos los que se han opuesto a que la Contraloría metiera las narices en su administración han violado el inciso 1 del artículo 283 de la Constitución Nacional que dice claramente que son deberes y atribuciones del contralor general de la República, “el control, la vigilancia y la fiscalización de los bienes públicos y del patrimonio del Estado, los de las entidades regionales o departamentales, los de las municipalidades, los de la Banca Central y los de los demás bancos del estado o mixtos, el de las entidades autónomas,...
En diciembre del año pasado, Díaz Verón decidió cerrar las puertas del Ministerio Público a la CGR. Dijo que sus rendiciones de cuentas las presentaría ante el Tribunal de Cuentas, de acuerdo a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. El problema con esto es que este tribunal está a cargo de un fiscal que depende de Díaz Verón, así que es casi una certeza que el informe que dé sobre los estados contables de la Fiscalía serán subjetivos.
Hay un grupo de legisladores que analiza la posibilidad de someter a juicio político al fiscal general, justamente por violar la Constitución al pretender que la CGR no audite su administración. La Comisión Permanente del Congreso ha firmado un documento en el que le insta a cumplir con las disposiciones vigentes y acceda al ingreso de los fiscalizadores al Ministerio Público.
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