Los diputados Teófilo Espínola (PLRA-Canindeyú) y Sebastián Villarejo (PPQ-Capital), presentaron un proyecto de ley “Medidas para evitar la inscripción de inmuebles cuando no provengan de instrumentos públicos inscriptos que acrediten la titularidad anterior”.
En la exposición de motivos, los proyectistas refieren que con la promulgación de la nueva Ley N° 6875/2022, que regula el ejercicio de la agrimensura, es necesario aclarar algunos puntos complementarios, a través de una normativa, que evite, principalmente, las situaciones irregulares a la hora de registrar un inmueble ante las instituciones legales encargada del proceso.
Según publica el portal de Diputados, ambos proyectistas enfatizaron que la propiedad de un inmueble solo podrá ser acreditada de conformidad a los asientos registrales de la Dirección de Registros Públicos (DGRP).
Aluden que, actualmente, el Servicio Nacional de Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda, permite que se modifiquen, de forma privada, instrumentos públicos con la sola presentación de un informe de un perito, inconveniente que corrige el presente proyecto de ley.
Explican, además, que la modificación de instrumentos públicos solo se podrán hacer con un contradocumento público; juicio de rectificación de instrumento público; o juicio de mensura judicial, de acuerdo a lo estipulado a la nueva ley de agrimensura.
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