Diario HOY | La CBI es solo para funcionarios y vinculados a empresas estatales, advierte constitucionalista

entonces, todo esto forma parte de un programa para afectar tanto la imagen del expresidente de la República Horacio Cartes, candidato a la Junta de Gobierno de la ANR como afectar a Peña”, refirió.El abogado siguió sosteniendo que la bicameral ya cuenta con una conclusión previa y busca salpicar al exmandatario en hechos ilícitos como lavado de dinero y contrabando, sin contar con informaciones oficiales o haber realizado una investigación de fondo.“Por todo lo que venimos escuchando por parte de algunos miembros de la comisión nos da cuenta de que ellos ya tienen una conclusión, y es que Cartes es responsable del delito de lavado de dinero, de contrabando y esa será la posición finalmente, cuando que si estamos ante un hecho a ser investigado, lo que corresponde es que previamente la comisión investigue y no sacar conclusiones y simplemente dar una formalidad de pedir documentos y convocar, para luego ya emitir una opinión decidida con anterioridad”, refirió.Por otra parte, Ovelar manifestó que Querey, como titular del bloque de investigación, cuenta con un absoluto desconocimiento de la Constitución Nacional al argumentar que la instancia no constituye un órgano de juzgamiento, sino solo una instancia política.“Para no sonar agresivo diría que tiene un absoluto desconocimiento de la Constitución. Él llegó a decirme que esto no es un proceso jurídico, sino una instancia política, olvidándose de que, aun siendo un órgano político, el Congreso por su naturaleza se somete a la Constitución y las leyes”, mencionó.Finalmente, Ovelar acusó a los parlamentarios de violar con sus actuaciones las normativas vigentes en el Paraguay al “pasar” por alto las disposiciones legales integrando una comisión de investigación que cumple con funciones fuera de sus atribuciones.“Ellos están violando la Constitución Nacional, las leyes, creando una comisión que realiza funciones jurisdiccionales que la Constitución no les permite, quieren pasar por alto disposiciones respecto a la comparecencia y al derecho de excusarse una persona acusada y obligarle a que declare para luego concluir y dañar políticamente con fines netamente electoralistas y totalmente desinteresados de lo que dice la Constitución sobre el interés general, siendo esta particular”, indicó. ...[Leer más]