Los intendentes del departamento de Cordillera están con las barbas en remojo a raíz de la ola de pedidos de intervención de diferentes comunas de nuestro país. Los pedidos son realizados por la ciudadanía, cansada de tanta corrupción y latrocinio.
Ante esa situación, un grupo de jefes comunales fue al Congreso para pedir una suerte de blindaje. ¿Qué tienen que ocultar por eso hay tanto temor? Es la gran pregunta.
Los lectores de esta columna comentaron que algunos jefes comunales del tercer departamento no se caracterizan por tener una buena gestión. Dos de ellos, el intendente de Tobatí, Dan González (PLRA), y Jacinto González (PLRA), de Mbocayaty, están procesados por indicios de corrupción. También hay seis exintendentes que están bajo investigación por graves irregularidades administrativas.
Para los hechos de corrupción no hay color, ni partido. Colorados y liberales actúan de la misma forma a la hora de robar. Es una lástima que sean muy pocos los concejales municipales que realizan su labor de contralores. La mayoría se convirtió en cómplice o trabaja en forma conjunta con los jefes comunales en los negociados y sobrefacturaciones, cuentan los que saben.
Comentan que en varios distritos del departamento de San Pedro continúan apareciendo los “servidores” sociales de la Federación Nacional de Familias Sintecho, Sintierra y Afines (Fenafata). Dicen que los “líderes” sacan dinero a las familias, con la promesa de entregar una vivienda digna.
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