El Sindicato Nacional de Trabajadores de Telecomunicaciones (Sinattel) exige –sí: exige– que el Estado invierta 100 millones de dólares en la fallida Compañía Paraguaya de Comunicaciones SA (Copaco) y que su presidente, el ingeniero Sante Vallese, dé a conocer, dentro del plazo de sesenta días, un plan para “salvar” a la fallida empresa. Si no lo hace, llamará a la huelga a los ¡cuatro mil empleados!, incluidos los de la filial Vox, que “está a punto de colapsar totalmente”, según el secretario general sindical, Alejandro Villamayor, quien también sostuvo que la propia Copaco ya tendría “fecha de vencimiento”, si no recibiera un fuerte apoyo financiero estatal. El dinero de todos no se debe usar para mantener en pie a un insaciable elefante blanco.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de Telecomunicaciones (Sinattel) exige –sí: exige– que el Estado invierta 100 millones de dólares en la fallida Compañía Paraguaya de Comunicaciones SA (Copaco) y que su presidente, el ingeniero Sante Vallese, dé a conocer, dentro del plazo de sesenta días, un plan para “salvar” a la fallida empresa: si no lo hace, llamará a la huelga a los ¡cuatro mil empleados!, incluidos los de la filial Vox, que “está a punto de colapsar totalmente”. Lo dijo el secretario general del amenazante sindicato, Alejandro Villamayor, quien también sostuvo que la propia...
Pues bien, con Copaco (anteriormente Antelco) ocurre lo que era de esperar: una empresa ineficiente y corrupta manejada políticamente, que en su origen fue un monopolio en el campo de las telecomunicaciones, no se podría mantener con sus vicios en un mercado que fue abierto a la telefonía privada. En efecto, aquí irrumpieron con ímpetu varias empresas, con tecnologías modernas y administración eficiente, sin clientelismo ni personal supernumerario contratado con base a recomendaciones. Por supuesto, la estatal fue haciendo agua y llega al momento en que “está a punto de colapsar...
Este último, empero, no parece tener una idea clara de cómo asegurar el salvataje, pues se limitó a afirmar que en la actualidad “hay más controles”, lo que aludiría a que se está robando menos que antes. Está seguro, en cambio, de que esa “sociedad anónima” debe ser incluida –impropiamente– en el Presupuesto nacional, si la inversión que demanda la Sinattel no es realizada, es decir, pretende que sea sostenida incluso con los impuestos indirectos abonados por un campesino carente de teléfono. Como siempre, Juan Pueblo será de nuevo el “salvatore” para que siga el baile.
La crisis es de muy larga data; para no ir más lejos, en 2021, la deficitaria, ineficiente y superpoblada empresa dejó de entregar al Instituto de Previsión Social (IPS) los aportes descontados a su personal, quizá para atenuar el déficit crónico. En aquel entonces, el director general de Empresas Públicas, Elvio Brizuela, atribuyó sus bajos ingresos a que la ley que declaró la emergencia sanitaria la obligó a refinanciar las facturas sin recibir fondos del erario y a las “deudas históricas” impagas de las entidades públicas, que hoy ascenderían a 25.000 millones de guaraníes. Vale la pena...
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