La sostenibilidad fiscal continúa siendo uno de los principales desafíos para América Latina y el Caribe. Con un nivel de deuda pública que ronda el 60% del producto interno bruto (PIB) y déficits fiscales en torno al 3%, la región enfrenta la necesidad de reformas que fortalezcan sus cuentas públicas. Sin embargo, el contexto político y social, marcado por la desconfianza hacia los Estados, dificulta la aprobación de cambios profundos. En este escenario, las pequeñas reformas aparecen como una alternativa realista para generar resultados significativos.
Desafío fiscal en América Latina: deuda elevada, déficit y cambios graduales
De acuerdo con el artículo publicado en el Perfil.com por la vicepresidenta de Sectores y Conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y quien dirige la División de Gestión Fiscal del organismo, Marta Ruiz-Arranz, la región no solo lidia con la presión del endeudamiento, sino también con sistemas impositivos poco eficientes y gastos mal dirigidos. Se calcula que el despilfarro fiscal equivale al 4,6% del PIB, un nivel mayor al observado hace una década. Este panorama refleja una doble carga: por un lado, Estados con ingresos insuficientes y, por otro, un gasto público que no...
Para la analista, el diseño tributario en la región contribuye a esta debilidad. La alta dependencia del IVA, un impuesto regresivo, junto con la elevada informalidad laboral, limita la capacidad redistributiva de los sistemas fiscales. En comparación con economías desarrolladas, América Latina recauda menos y redistribuye poco. De hecho, en seis países de la región los impuestos y transferencias no reducen la pobreza, sino que la agravan.
El dilema no es solo técnico, sino también político. La ciudadanía percibe que la distribución de ingresos es injusta, pero al mismo tiempo muestra poca disposición a pagar más impuestos. El artículo menciona que apenas un 30% de la población está a favor de ampliar la base del impuesto a las ganancias de las personas físicas. Esta contradicción explica por qué las reformas graduales, de bajo perfil y con impacto visible, se convierten en una opción más viable que los grandes cambios estructurales.
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