Una encuesta realizada entre los jueces integrantes del Supremo Tribunal Federal y los Tribunales Superiores de Brasil reveló, hace ya más de una década, que el 46 % de ellos cree que al pronunciar una sentencia, “el juez debe tener en cuenta el impacto de su decisión en términos sociales, económicos y de gobernabilidad”.
Por Carlos Diego Martínez Cinca Profesor de la Facultad de Posgrados Universidad Iberoamericana
En otras palabras: que los jueces no pueden ni deben desentenderse de las consecuencias sociales ni del impacto que con sus sentencias provocan en el sistema económico de una determinada sociedad.
¿Pensarán igual los jueces de Paraguay? ¿Sabrán cómo medir el impacto de sus sentencias en el sistema económico de esta pujante Nación? ¿O seguirán creyendo, con Montesquieu, que ellos son apenas “la boca inerte de la ley”?
En abril de 1989 una Suprema Corte de Justicia en Argentina dictaminó que cuando un ciudadano pretende hacer responsable al Estado por los daños sufridos a causa de un fenómeno natural (un aluvión en aquel caso, pero bien podría tratarse de un terremoto, un tsunami o cualquier otra catástrofe), la eficiencia constituye la regla básica por la que los jueces deben orientarse antes de establecer una responsabilidad jurídica en cabeza del Estado. Dicho de otro modo, y valiéndonos del ejemplo que disparó la sentencia de aquel Tribunal: si para prevenir el daño que la ocasional crecida de un río...
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