Los escandalosos hallazgos consignados en el informe de auditoría de la Contraloría General de la República al Instituto Nacional del Cáncer (Incan), de confirmarse, pondrían de manifiesto uno de los más deplorables negociados en la larga y triste historia de corrupción en el país. Parece mentira, pero, por lo que se desprende del informe, es una penosa realidad, que haya “paraguayos”, tanto en el Gobierno como en el sector privado, que medren con la desgracia y el sufrimiento de sus compatriotas y de la población en general, en especial de los sectores más humildes y desamparados. Aunque todavía falta escuchar descargos y deslindar responsabilidades, lo que se presenta a primera vista es una repugnante trama de colusión entre funcionarios de salud pública y empresarios vinculados con la provisión de costosos servicios, medicamentos e insumos oncológicos.
Los escandalosos hallazgos consignados en el informe de auditoría de la Contraloría General de la República al Instituto Nacional del Cáncer (Incan), de confirmarse, pondrían de manifiesto uno de los más deplorables negociados en la larga y triste historia de corrupción en el país. Parece mentira, pero, por lo que se desprende del informe, es una penosa realidad que haya “paraguayos”, tanto en el Gobierno como en el sector privado, que medren con la desgracia y el sufrimiento de sus compatriotas y de la población en general, en especial de los sectores más humildes y desamparados.
Aunque todavía falta escuchar descargos y deslindar responsabilidades, lo que se presenta a primera vista es una repugnante trama de colusión entre funcionarios de salud pública y empresarios vinculados con la provisión de costosos servicios, medicamentos e insumos oncológicos. A las consabidas sobrefacturaciones y licitaciones amañadas, se les suman prácticas incluso peores, como cuantiosos desvíos de drogas a centros privados, “desaparición” de dosis, adquisición de lotes a punto de vencer, irregulares compras directas, negligente o deliberada acumulación de stock, sea por compras...
La auditoría abarcó el período comprendido entre los años 2022 y el cierre de 2024; es decir, que corresponde a la anterior administración y a la actual, encabezadas por los presidentes Mario Abdo Benítez y Santiago Peña, con sus respectivos ministros de Salud Pública y Bienestar Social en el lapso mencionado, el doctor Julio Borba, hasta el 15 de agosto de 2023, y la doctora María Teresa Barán, desde ese día en adelante.
Se resalta que durante la gestión del doctor Raúl Doria, quien ejerció la dirección del Incan entre agosto de 2023 y agosto de 2024, y que tendrá que dar explicaciones, se autorizó el envío de medicamentos a centros privados, como el Centro Médico Oncológico Nuestra Señora de la Asunción por valor de 1.763 millones de guaraníes. Esto se hizo sin suficiente documentación respaldatoria, sin diagnósticos de los pacientes a los que supuestamente iba dirigido el material, que no fue retirado ni por estos ni por sus familiares, sino directamente por un representante de dicho centro.
Leer la nota completa en Diario ABC
