En abril pasado,, la entonces Fiscal Liliana Herenia Galeano formuló imputación en la causa caratulada como “Aspar Nicolás Dos Santos y otros S/ estafa y apropiación”. Dicha imputación fue presentada contra tres ciudadanos uruguayos no residentes en el Paraguay. Sospechosas actuaciones procedieron a lo que a todas luces se trataría de una denuncia encaminada a […]
En abril pasado,, la entonces Fiscal Liliana Herenia Galeano formuló imputación en la causa caratulada como “Aspar Nicolás Dos Santos y otros S/ estafa y apropiación”. Dicha imputación fue presentada contra tres ciudadanos uruguayos no residentes en el Paraguay. Sospechosas actuaciones procedieron a lo que a todas luces se trataría de una denuncia encaminada a resarcir daños de materia civil, para lo cual se “arma una causa” dándose “características” penales a relaciones jurídicas netamente civiles.
Desde luego, esta no es la primera vez que se utiliza al Ministerio Público como una agencia de cobranzas. De forma sospechosa, la denuncia fue presentada en fecha 24 de abril del corriente año, aproximadamente a las 08:15hs., sin embargo, la cuestionada ex fiscal Galeano, con “dotes de clarividencia” comunicó el inicio de la investigación al Juzgado Penal de Garantías el domingo 23 de abril a las 09:23hs, según datos del cargo electrónico.
Por si fuera poco, la entonces fiscal presentó imputación y requirió la prisión preventiva el mismo día en que ingresó la denuncia a las 13:30hs según el sello de la Oficina de Atención Permanente, es decir, a penas cinco horas después. A partir de ese momento, tanto la querella como el Fiscal designado en sustitución de la anterior, Luis Alberto Daniel Albertini, vienen advirtiendo sobre la rebeldía y orden de captura internacional de los procesados.
No es difícil concluir en que se trata de un mecanismo de presión para que los extranjeros cumplan con una obligación contractual pendiente. De los tres imputados, Gaspar Nicolás Dos Santos, Jorge Daniel Méndez y Pablo González, la situación es todavía más injusta para este último, quien fue procesado a pesar de que, según los documentos aportados por los mismos denunciantes, no tuvo participación alguna en el negocio jurídico celebrado entre estos últimos y el primero (compra de vacunas para el covid).
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