La denuncia igualmente afecta Susanne Wibi, la propietaria del edificio donde funciona la sede penal de la Sexta Circunscripción Judicial del Alto Paraná. Según el escrito presentado por los abogados, Blanco, Bareiro de Módica y Núñez, en su carácter de superintendentes, en aquel entonces, de la Circunscripción de Alto Paraná, en supuesta connivencia con Susanne Wibi y la intendente Sandra de Zacarías, habilitaron irregularmente el edificio como sede penal del Poder Judicial. Los miembros del Colegio de Abogados igualmente señalaron que el edificio donde funciona la parte civil tampoco está en condiciones, recordando en que una oportunidad un sector del predio se vino abajo.
CIUDAD DEL ESTE.- Los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sindulfo Blanco y Gladys Bareiro de Módica, además del exministro Víctor Núñez, y la intendente municipal de Ciudad del Este, Sandra McLeod de Zacarías, fueron denunciados ayer, por la supuesta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, actividades peligrosas en la construcción, exposición de personas a lugares de trabajo peligrosos y omisión de dar aviso de un hecho punible.
La acción fue promovida por el Colegiado de Abogados del Alto Paraná y será investigada por la agente fiscal Cinthia Leiva Cardozo, titular de la Unidad Penal número 2. La denuncia igualmente afecta Susanne Wibi, la propietaria del edificio donde funciona la sede penal de la Sexta Circunscripción Judicial del Alto Paraná.
Según el escrito presentado por los abogados, Blanco, Bareiro de Módica y Núñez, en su carácter de superintendentes, en aquel entonces, de la Circunscripción de Alto Paraná, en supuesta connivencia con Susanne Wibi y la intendente Sandra de Zacarías, habilitaron irregularmente el edificio como sede penal del Poder Judicial. Los denunciantes resaltaron que previamente los bomberos voluntarios inspeccionaron el local y concluyeron que el predio no estaba en condiciones de operar y que se necesitaba adecuarlo para resguardar la seguridad de las personas que acuden al lugar.
Sin embargo, de igual forma, fue habilitado por la comuna y las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, poniendo en peligro la vida de cientos de personas. Resaltaron que entre el 23 y 29 de marzo pasados, el complejo edilicio tuvo grietas en su estructura. Luego, se confirmó que las zapatas del edificio se habían hundido, porque no estaban encadenadas, y que en cualquier momento podría derrumbarse. A raíz de esto, los jueces y funcionarios se vieron obligados a mudarse a otro local.
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