Por cohecho pasivo agravado denunciaron a la cuestionada jueza Cinthia Garcete y al fiscal Alcides Giménez, quienes, supuestamente, recibieron G. 150 millones cada uno para otorgarles arresto domiciliario a 11 policías “gatillo fácil”, procesados por homicidio doloso. Además, el fiscal Giménez fue recusado en la causa por sus aberrantes actuaciones, según los denunciantes. De acuerdo a los datos, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) ya pidió la carpeta a la jueza Garcete y los denunciantes esperan que el tema sea incluido en la próxima sesión del órgano juzgador de jueces y fiscales para su debido tratamiento.
La grave denuncia fue presentada por el ciudadano Mario Espínola Rojas, pariente de una de las víctimas fatales. El caso refiere a un expediente sobre homicidio doloso derivado de un fallido procedimiento policial registrado el 19 de noviembre de 2022, de cuya consecuencia perdieron la vida Alex Enrique Alejandro Ortiz Estigarribia y Gloria Yetsica Espínola Cáceres.
El escrito presentado bajo patrocinio de abogado sostiene que la jueza orquestó un plan con el fiscal para otorgarles el arresto domiciliario a los policías recluidos entonces en la Agrupación Especializada, a cambio de G. 150 millones cada uno. Para el efecto, la fiscal Vanesa Candia fue apartada con una recusación, porque no estuvo de acuerdo en que la investigación quede con su colega Giménez, según la denuncia.
El denunciante señala que una abogada se enteró del plan a través de su defendido, uno de los policías, y comentó el hecho al querellante Mauro Barreto. La abogada, cuya identidad fue omitida por el denunciante, se molestó porque le rechazaron el pedido de arresto domiciliario a su defendido, pero 24 horas después solicitó la revisión y le concedieron, sin que haya variado la situación procesal, sigue diciendo la denuncia.
Espínola Rojas mencionó que el plan se concretó en el estudio jurídico del comisario retirado Ángel Gabriáguez, quien unió a todos los policías presos para poder conseguir la medida. El denunciante pidió que se traiga a la vista la carpeta fiscal y el expediente judicial, se llame a indagatoria a los denunciados y a testificales al abogado Mauro Barreto, Ricardo Colina Silvero, Enrique Javier Ocampos, Vanesa Candia, Ángel Gabriáguez y todos los policías imputados.
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