Abraham Ábrego, director de Litigio Estratégico de la organización Cristosal, informó en una conferencia de prensa de que presentaron la denuncia el 7 de marzo en representación de los familiares de los detenidos, que defienden su inocencia y niegan que poseen vínculos con las pandillas. Afirmó que se trata de 66 "detenciones arbitrarias" y que "son una muestra de los casos que han ocurrido en las comunidades", dado que "hay más casos".
"A las personas detenidas se les han violado varios derechos de la Convención Americana", dijo el letrado y detalló que uno de ellos es la libertad personal, dado que "hay una práctica arbitraria de detenciones sin investigación previa y sin fundamento". Lamentó que en el marco de este régimen de excepción "no ha habido oportunidad de que los jueces sean independientes para valorar darles medidas" alternas a la detención. Otra garantía que, de acuerdo con Cristosal y los familiares de los detenidos, se ha violado es el debido proceso.
Bajo el régimen de excepción de Nayib Bukele, que se acerca a cumplir un año de vigencia y se ha ido prorrogando por términos de 30 días, se suspenden garantías constitucionales como el derecho a la defensa de los detenidos y se amplían los plazos de la detención.
Son más de 65.000 detenciones las que el Gobierno del presidente Nayib Bukele ha informado y de las que más de 3.300 personas se han liberado, aunque organizaciones humanitarias señalan que se han dejado bajo libertad condicional.
Familiares niegan relación de sus familiares detenidos con las pandillas
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