Familiares de campesinos muertos en la “Masacre de Curuguaty” denunciaron en 2016 a fiscales y jueces por varios hechos punibles, ante la Unidad Especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía, que asignó a fiscales a la causa, pero por inhibiciones la causa fue remitida el 14 de diciembre de 2021 a la Fiscalía General del Estado (FGE), donde hasta hoy sigue sin ser reasignada. El abogado Marcos Shirakawa nos visitó en nuestra redacción, para expresar su preocupación por esta situación de indefinición.
El 11 de julio de 2016, el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Ramón Trinidad Zelaya, Benito Ramón González y Samuel Silvero condenó a el 15 de junio de 2012, en la que perecieron 17 personas: 11 campesinos y 6 policías.
Dos años más tarde, el 26 de julio de 2018, la Sala Penal de la Corte, integrada por tres camaristas, Emiliano Rolón Fernández, Arnaldo Martínez Prieto y Cristóbal Sánchez, por inhibición de los ministros de la máxima instancia judicial.
El camarista Cristóbal Sánchez votó por la nulidad de la sentencia y el reenvío del caso para un nuevo juicio, mientras que Emiliano Rolón Fernández y Arnaldo Martínez Prieto votaron por revocar los fallos y ordenar la inmediata libertad de los 11 campesinos.
El 28 de julio de 2016, familiares de los campesinos fallecidos aquel 15 de junio de 2012, bajo patrocinio de abogados, presentaron por escrito una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado, que por resolución F.G.E. Nº 3985 abrió la causa 103/2016 que remitió a la Unidad Especializada en Derechos Humanos para llevarla adelante.
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