La senadora Yolanda Paredes, perteneciente a Cruzada Nacional, ha presentado una denuncia penal ante el Ministerio Público en relación a la ocupación irregular de la finca 916 en Remansito, Presidente Hayes, propiedad del Ministerio de Defensa. Los ocupantes, conocidos como "ocupantes VIP", enfrentan acusaciones por diversos hechos punibles, incluyendo lesión de confianza, invasión de inmueble
La senadora Yolanda Paredes, perteneciente a Cruzada Nacional, ha presentado una denuncia penal ante el Ministerio Público en relación a la ocupación irregular de la finca 916 en Remansito, Presidente Hayes, propiedad del Ministerio de Defensa. Los ocupantes, conocidos como «ocupantes VIP», enfrentan acusaciones por diversos hechos punibles, incluyendo lesión de confianza, invasión de inmueble ajeno, estafa, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal. En este informe se detalla la denuncia y los implicados en la ocupación.
La senadora Yolanda Paredes, asistida por la abogada Gessy Ruiz Díaz, ha presentado una denuncia penal ante el Ministerio Público en relación a la ocupación irregular de la finca 916 en Remansito, propiedad del Ministerio de Defensa. En esta denuncia, se acusa a los ocupantes de diversos hechos punibles, incluyendo lesión de confianza, invasión de inmueble ajeno, estafa, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal.
La lista de ocupantes mencionada en la denuncia incluye a Fernando Camacho, ex titular del Encuentro Nacional; Rossana Ramírez, esposa de Hugo Simón, dueño de Laboratorio Indufar; Miguel Reinal, de Naútica y Cabaña Doña Gilda; Hugo Berthold Friesen, director de la Asociación de Capellanía Empresarial, entre otros.
La senadora Paredes expresó su preocupación y criticó las declaraciones del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, quien no identificó ningún hecho punible en el caso de los «ocupantes VIP». Ante la falta de acción de oficio por parte del Ministerio Público, la senadora decidió presentar la denuncia para investigar este caso que involucra, según ella, a una «mafia judicial, política y poderosos empresarios» que buscan la apropiación ilegal de tierras públicas del Estado paraguayo.
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