Diputados colorados y liberales blindan al abdista José María Ibáñez para evitar que parlamentarios de sus sectores pierdan su investidura por tráfico de influencias y corrupción. Solo un grupo de nueve diputados del PEN, PQ, del Partido Hagamos y dos liberales se animan a promover la destitución de su colega. Diputados de Añetete contradicen el discurso del presidente electo Mario Abdo Benítez de luchar contra la corrupción.
En la Cámara de Diputados existe muy poca voluntad para destituir al diputado José María Ibáñez (ANR, Añetete), a pesar de que reconoció que pagó con dinero del Estado a tres caseros de su lujosa quinta en Areguá. Su caso cae dentro de la figura de uso indebido de influencias, estipulada en el artículo 201 de la Constitución.
Recientemente, Ibáñez consiguió una suspensión condicional, tras el pago de G. 30 millones, la compra de un generador eléctrico para el leprocomio Santa Isabel. Mientras que sus tres caseros y su jefa de gabinete deben donar G. 5 millones cada uno al Comité de Ayudas del Mal de Hansen.
Los diputados temen que se produzca el efecto cascada con la salida del abdista. En la Cámara de Diputados, además de Ibáñez, existen otros cinco legisladores imputados por la Justicia. El cartista Tomás Rivas tiene un caso similar al de Ibáñez, está imputado por cobro indebido de honorarios, estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicios falsos. Hizo figurar a sus caseros como funcionarios de la Cámara para pagarles con dinero público.
Carlos Núñez Salinas, de la bancada samanieguista, tercer bloque colorado, está imputado por un supuesto multimillonario contrabando de artículos electrónicos. Del mismo bloque, Marlene Ocampos fue denunciada ante la Fiscalía por supuesta lesión de confianza cuando se desempeñaba como gobernadora de Alto Paraguay.
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