La propuesta fue realizada por el defensor general, Javier Dejesús Esquivel, por nota al presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Jorge Enrique Bogarín González, y sostiene que las personas sometidas a prisión preventiva conservan plenamente sus derechos políticos, debido a que la medida cautelar restringe únicamente su libertad ambulatoria y no puede producir los […]
La propuesta fue realizada por el defensor general, Javier Dejesús Esquivel, por nota al presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Jorge Enrique Bogarín González, y sostiene que las personas sometidas a prisión preventiva conservan plenamente sus derechos políticos, debido a que la medida cautelar restringe únicamente su libertad ambulatoria y no puede producir los efectos jurídicos propios de una condena definitiva.
La institución destacó que las personas procesadas bajo el régimen de prisión preventiva representan más del 89 % de la población privada de libertad del país y que una parte sustancialmente mayoritaria de ese colectivo recibe asistencia y representación jurídica del Ministerio de la Defensa Pública.
En ese contexto, explicó que el propósito de la presentación es visibilizar institucionalmente el escenario fáctico y legal de este sector en situación de vulnerabilidad procesal ante el órgano rector del sistema electoral, con miras a promover un espacio de reflexión conjunta sobre las alternativas que puedan implementarse dentro de las competencias asignadas a cada institución.
El documento además plantea que el TSJE lidere el desarrollo de las condiciones institucionales necesarias para que el sufragio pueda ejercerse de manera efectiva dentro de los establecimientos penitenciarios.
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