La defensa de Javier Zacarías Irún y de su esposa Sandra McLeod repuso la providencia que fijó la audiencia preliminar para el próximo viernes 28 de febrero en la causa por supuesta declaración falsa. Presentó una excepción de inconstitucionalidad, argumentando básicamente que no se puede castigar a alguien que omite un dato para evitar autoincriminarse.
La excepción de inconstitucionalidad está pendiente de resolución en la Corte Suprema de Justicia y de ello se valieron los abogados del clan Zacarías para trabar nuevamente la audiencia preliminar. El defensor Ricardo Preda explicó que la acción fue presentada sobre la base de que es “errónea” la interpretación que le otorga la Fiscalía al artículo 243 del Código Penal, que habla sobre la declaración falsa, reportó el periodista de ABC Color Carlos Ortega.
“Estamos convencidos de que si la Fiscalía le otorga la interpretación correcta, las declaraciones juradas ante la Contraloría no podrían ser objetos de declaración falsa en el sentido que exige el Código Penal. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que cualquier omisión o datos falsos consignados en una declaración puede constituir una declaración jurada falsa. Es una interpretación que transgrede el artículo 18 de la Constitución Nacional, porque este señala que nadie está obligado a declarar contra uno mismo”, alegó con respecto a la postura.
Entonces, añadió Preda, si se “castiga” a alguien que omite ciertos datos porque ese dato tal vez lo vaya a arriesgar a ser sometido a prosecución penal en su contra por otro delito, básicamente se le estará obligando a “ser castigado por no autoincriminarse, “con lo cual la garantía del artículo 18 queda totalmente sin contenido y, por ende, esa regla es inconstitucional. No puede haber una ley penal que te castigue por no autoincriminarte”, sentenció.
Cabe recordar que ayer la jueza penal de Garantías de Ciudad del Este Cinthia Garcete otorgó a la fiscala Josefina Aghemo un mes para que presente o no acusación contra el senador cartista y su esposa, por un daño patrimonial de G. 3.700 millones a la Municipalidad de Ciudad del Este.
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