Por medio de los abogados Secundino Méndez y Araceli Méndez Cibils, el juez de Paz Víctor Nilo Rodríguez solicitó la devolución de la imputación por prevaricato, uso de documentos públicos de contenido falso y hurto, fundamentado en agravios de fondo y forma con respecto en el requerimiento de los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y […]
Por medio de los abogados Secundino Méndez y Araceli Méndez Cibils, el juez de Paz Víctor Nilo Rodríguez solicitó la devolución de la imputación por prevaricato, uso de documentos públicos de contenido falso y hurto, fundamentado en agravios de fondo y forma con respecto en el requerimiento de los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero.
Para los recurrentes se encuentra redactada en términos absolutamente conjeturales y condicionales, lo cual es manifiestamente inadmisible a la luz del estándar constitucional y jurisprudencial vigente. Expresiones como «habría dictado resoluciones contrarias a derecho», «habría falseado los hechos» o «podría calificarse su conducta como prevaricante» evidencian que el Ministerio Público no posee certeza ni elementos de convicción suficientes para formular una imputación penal, configurando así un acto de persecución carente de base fáctica concreta.
Con respecto al uso de documentos de contenido falso, los defensores sostienen que el juez, en ejercicio de su función, no tiene el deber ni la posibilidad material de verificar la exactitud de cada una de esas diligencias, más aún cuando las mismas son certificadas conforme a ley por funcionarios habilitados. “Pretender lo contrario sería exigir al magistrado una conducta de verificación física permanente ajena a sus deberes funcionales y contraria a la normativa vigente, incluido el Código de Organización Judicial.”
“En cuanto al tipo penal de hurto, llama poderosamente la atención su mención, sin que se detalle mínimamente cuál habría sido el objeto sustraído, de qué forma, en qué contexto y cuál habría sido la intervención del juez Rodríguez Acosta en tal supuesto hecho. Esta imputación no sólo carece de descripción típica, sino que constituye una afirmación meramente decorativa, incompatible con el deber de motivación penal mínimo”, explican
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