Bernardo Villalba uno de los defensores del acusado exgobernador del departamento Central, sostuvo en sus alegatos finales que el Ministerio Público no probó el hecho punible y el nexo causal respecto al acusado para quien se pidió ocho años de cárcel por lesión de confianza y otros.
Villalba sostuvo que su cliente no se quedó con ninguna plata de la Gobernación de Central, sino muy por el contrario se encuentra viviendo en la absoluta indigencia sin dinero para pagar ni a sus abogados.
El defensor alega que la fiscalía entregó datos falsos al tribunal de sentencia y que los fondos fueron transferidos en tiempo y forma tras la ejecución de obras una vez determinada las obras que son en total 14 obras, que fueron pagadas a través de la ONG CIAP.
Agregó que, el 60% de los 5.100 millones debía ser destinado en obras para la reactivación económica tras la pandemia del Covid-19.
“Advertimos al Ministerio Público que no existe un perjuicio patrimonial, no existe doble pago. Le habíamos dicho a la fiscalía que no iban a probar de que todas las obras eran fantasmas, de que las obras no existían, esas obras sí existen. La fiscalía plantea una ficción que los acusados se quedaron con la plata de las obras. No hay ni un solo documento que haya sido observado de la rendición de cuenta aprobada por la Contraloría.
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