Con el despliegue de elementos de combate en la Región Oriental, el Gobierno asume una decisión de coraje institucional frente a amenazas reales del crimen organizado y el terrorismo. No es un gesto militarista, sino una respuesta legal y política a una demanda social mayoritaria: recuperar presencia estatal donde el miedo y la impunidad intentan […]
Con el despliegue de elementos de combate en la Región Oriental, el Gobierno asume una decisión de coraje institucional frente a amenazas reales del crimen organizado y el terrorismo. No es un gesto militarista, sino una respuesta legal y política a una demanda social mayoritaria: recuperar presencia estatal donde el miedo y la impunidad intentan mandar.
El Decreto N.° 5554 debe leerse como lo que es: una decisión política de Estado, tomada a la vista de una presión real sobre la seguridad interna, y con el coraje institucional de asumir que la amenaza ya no se responde con comunicados, sino con presencia efectiva y coordinación operativa. En un país atravesado por el avance del crimen organizado transnacional, economías ilegales y enclaves de violencia, la inacción “prudente” suele ser apenas otra forma de abandono. El gobierno, en cambio, elige gobernar donde se le exige: en el territorio.
No estamos ante un capricho militarista, sino ante una medida encuadrada en competencias explícitas. El propio decreto invoca el artículo 238, numerales 5 y 9, de la Constitución, que atribuyen al Presidente la potestad reglamentaria por decreto con refrendo ministerial y su condición de Comandante en Jefe, con el deber de disponer y organizar las Fuerzas Armadas para la defensa nacional, además de la Ley N.° 1337/1999 de Defensa Nacional y Seguridad Interna (modificada por la Ley N.° 5036/2013), que conceptualiza la defensa como políticas y acciones del Estado frente a agresiones internas...
La pregunta de fondo es más incómoda para cierta comodidad ideológica: ¿qué Estado se defiende si renuncia a defender a su población cuando la amenaza se organiza, se financia y se arma mejor que muchas oficinas públicas? Max Weber recordaba que el Estado se define, en última instancia, por el monopolio de la violencia legítima. Cuando ese monopolio se erosiona por capturas territoriales o por la intimidación criminal, lo que retrocede no es una abstracción, sino la libertad concreta de la gente: trabajar, circular, producir, estudiar, vivir sin pagar peaje a actores armados de facto.
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