La Ley N° 7593/25 de Protección de Datos Personales establece que estos pertenecen a las personas y fija reglas exigibles para empresas y Estado. Con un periodo de espera de 24 meses, 2026 se vuelve el año clave para prepararse: derechos del ciudadano, obligaciones de tratamiento, autoridad de control y límites a la circulación de bases de datos.
En la economía digital, los datos personales se transformaron en una pieza de valor, ya que permiten identificar clientes, prevenir fraudes, personalizar servicios y medir riesgos. Pero ese valor abre una tensión sobre quién decide qué se recolecta, para qué se usa, con quién se comparte y cuánto tiempo se guarda.
Con la promulgación de la Ley N° 7593/2025 de Protección de Datos Personales, Paraguay incorpora por primera vez un marco integral de privacidad que pone una respuesta jurídica al centro del debate: el titular de los datos es la persona a la que la información refiere. A partir de allí, el sector público y el privado pasan a operar como responsables o encargados del tratamiento, con deberes específicos y fiscalización prevista.
Hasta 2025, el país no contaba con una ley general comparable a los estándares internacionales de protección de datos. Existían normas vinculadas a información crediticia y otras disposiciones sectoriales, pero faltaba un régimen transversal que definiera principios, derechos del titular y reglas para el uso de bases de datos. Esta nueva ley pasa a llenar ese vacío con un enfoque amplio, alcanzando a tratamientos automatizados y no automatizados, mientras se aplica tanto al sector público como al privado.
El texto legal ordena el “ciclo de vida” del dato: recolección, uso, conservación, transferencia y eliminación. Establece principios que hoy marcan la agenda global en privacidad: licitud (una base legal para tratar datos), transparencia (información clara al titular), minimización (solo lo necesario), finalidad (uso para el propósito declarado), seguridad y responsabilidad demostrable.
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