MIAMI. Hasta hace unos días escribía la columna de opinión más leída de Colombia. Mis denuncias habían logrado que altos funcionarios salieran de sus cargos, que algunos fueran a la cárcel y que se desplomaran millonarios emporios...
El trabajo nunca fue fácil. Por mi labor periodística, mi familia y yo padecimos amenazas de muerte, persecuciones y campañas de desprestigio. Por más de catorce años nos acostumbramos a vivir en esa extraña normalidad. Hasta la semana pasada, cuando fui despedido por pedir una explicación sobre una decisión editorial de la revista Semana, para la que escribía.
Todo empezó por un artículo publicado en la primera plana de The New York Times el domingo 19 de mayo de 2019. El reportaje informaba que el comandante del ejército de Colombia había ordenado por escrito a sus unidades duplicar el número de bajas y capturas. Una de estas órdenes les decía a los soldados que no “exijan perfección” a la hora de ejecutar ataques letales contra enemigos.
Tanto la política de conteo de cuerpos como la instrucción de relajar los estándares de operación tenían un terrible antecedente en Colombia. Al menos 2200 civiles inocentes han sido asesinados por militares y presentados como guerrilleros muertos en combate, según las cifras de la Fiscalía General de la Nación.
La etapa más crítica de esas ejecuciones extrajudiciales tuvo lugar entre 2006 y 2009. Meses después de la expedición de una directiva del Ministerio de Defensa de la época, que premiaba con ascensos, permisos y bonos en efectivo a los uniformados que produjeran más “positivos”, como se llama la muerte en combate de enemigos en el argot militar colombiano.
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