El exdiputado Orlando Arévalo y la concejala Carolina González obtuvieron una prórroga de 20 días para justificar a la Contraloría General los serios hallazgos tras un examen de correspondencia de sus declaraciones juradas. El ente de control detectó serias inconsistencias y omisión de varios bienes por parte del matrimonio colorado de Lambaré.
La Contraloría General de la República (CGR), a cargo de Camilo Benítez, hizo lugar al pedido del imputado exdiputado colorado y su esposa, la concejala de Lambaré, Carolina González, de una prórroga de 20 días para responder a la serie de inconsistencias detectadas luego del análisis de sus respectivas declaraciones juradas. Según el informe preliminar del ente de control, el matrimonio colorado ocultó inmuebles, vehículos, depósitos bancarios y acciones en empresas.
En el caso de Orlando Arévalo, quien también ejerció el cargo de presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), el ente de control detectó la falta de declaración de al menos 12 propiedades que están a nombre de su cónyuge y que la misma sí hizo constar algunas en sus DD.JJ. Se trata de tres inmuebles en Villeta, dos en San Juan Bautista (Misiones) y uno en Lambaré, además de seis lotes en Loma Plata (Chaco).
Asimismo, la CGR advirtió sobre inconsistencias en los valores declarados de las propiedades en Lambaré. Arévalo tampoco declaró cinco rodados que están a su nombre y de su cónyuge.
Otra incongruencia detectada por la institución de control tiene que ver con acciones en dos empresas: Gestión Educativa del PY EAS y Kremlin SA (antes Zelianko SA), por G. 40 millones y G. 250 millones, respectivamente.
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