La cuestionada comisión bicameral de investigación “antilavado” CBI, conocida como “comisión garrote” concluyó el pasado 25 de abril sus funciones luego de varios meses de dedicarse a perseguir a las ONG y al grupo ABC Color.
La comisión “antilavado” en busca de vincular a adversarios del cartismo con el lavado de dinero convocó a varias instituciones públicas y solicitó una avalancha de informes con la intención de hallar elementos que los pudiesen incriminar. Ninguno de los representantes de las instituciones, en audiencias públicas, les dio la razón.
Los senadores y diputados, en su mayoría del cartismo, tuvieron como primer objetivo a las Organizaciones No Gubernamentales y sin Fines de Lucro (ONG). Amenazaron a las que no respondieron las consultas con la vía judicial para acceder a los documentos.
El segundo objetivo fue el grupo ABC Color. Citaron a la Seprelad, al Banco Central del Paraguay, a la Fiscalía, al Instituto de Previsión Social, y a periodistas. Los representantes del grupo empresarial, con documentos en mano, desbarataron todas las mentiras que desde el inicio instaló la comisión y evidenciaron su clara línea persecutoria.
Los parlamentarios cartistas convocaron en varias oportunidades a las autoridades de la Justicia Electoral para que digan si Soledad Núñez, una de las principales enemigas políticas del cartismo recibió fondos de alguna ONG para financiar su campaña.
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