Un viejo aforismo dice que hay muchas leyes, pero poca justicia. Esto le calza a nuestro país, donde la inseguridad jurídica es endémica. En el caso Rodrigo Quintana, por ejemplo, se juzga a una sola persona, supuesto autor material, cuando lo esencial es quién ordenó el asalto al PLRA.Y en la mafia de los pagarés hay leyes que protegen a los delincuentes, y nada de justicia para las víctimas.
Hay otros casos cardinales. El asesinato del fiscal Marcelo Pecci, asunto en el cual no se nota ninguna voluntad para investigar en profundidad.
Y habría que preguntarse también por qué el Ministerio Público está tan ansioso por cerrar otro asesinato: el de Lalo Gomes.
Hay derecho a sospechar que en estos asuntos hay médulas que se quieren ocultar. Se recurre a argumentos sofisticadamente legalistas para justificar ciertos hechos y no buscar justicia, precisamente. Hay que recordar aquello que pregonan insignes maestros de la Filosofía del Derecho: no siempre lo legal es lo justo.
Esto se acaba de comprobar con lo del tribunal de Villarrica que absolvió a un docente de 56 años que enviaba escabrosos mensajes a una alumna suya de apenas 11 años de edad. Una trama repugnante.
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