Un juez argentino elevó ayer a juicio, en plena campaña electoral para las presidenciales de octubre, la conocida como causa de los cuadernos, en la que se acusa a la ex presidenta Cristina Fernández y a miembros de su Gobierno de haber recibido millonarios sobornos por parte de importantes empresarios de la obra pública. El magistrado Claudio Bonadio, que dirige la mayoría de casos de corrupción que afectan a la actual senadora, pidió también, una vez más, que la Cámara Alta apruebe quitarle sus fueros para que sea detenida y cumpla prisión preventiva, algo que, como en anteriores ocasiones, no se prevé que ocurra por el rechazo del peronismo, al que ella pertenece y que tiene un gran peso parlamentario.
Aún sin fecha de comienzo, será el Tribunal Oral Federal 7 el que siente por segunda vez en el banquillo a la viuda del ex presidente Néstor Kirchner, que ya está siendo juzgada desde mayo pasado por supuestas irregularidades en la adjudicación de obra pública durante su mandato y está a la espera de que comiencen otras cuatro vistas orales más.
Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli acusan a Fernández de ser la jefa, junto a su esposo –fallecido por un paro cardíaco en 2010–, de una asociación ilícita para recaudar sobornos de los más importantes empresarios del país, contratistas de obra pública, también procesados en la causa y entre los que se encuentra Ángelo Calcaterra, primo hermano de Macri. EFE
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