La Justicia argentina fijó para el 26 de febrero próximo el inicio del primer juicio por presunta corrupción que deberá enfrentar la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), acusada de encabezar una asociación ilícita y fraude en la concesión de obras públicas. Según informaron fuentes judiciales, el juicio oral contra la actual senadora –procesada ya en cinco …
La Justicia argentina fijó para el 26 de febrero próximo el inicio del primer juicio por presunta corrupción que deberá enfrentar la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), acusada de encabezar una asociación ilícita y fraude en la concesión de obras públicas. Según informaron fuentes judiciales, el juicio oral contra la actual senadora –procesada ya en cinco casos más– tendrá lugar en el Tribunal Oral Federal N° 2 de Buenos Aires, integrado por los magistrados Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Jorge Tassara.
El proceso, en el que se investigan irregularidades en la adjudicación de obras públicas viales al Grupo Austral –propiedad de Lázaro Báez– en la sureña provincia de Santa Cruz durante los ejecutivos kirchneristas (2003-2015), afecta también, entre otros, al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y al propio Báez. Si bien fue en marzo pasado cuando el juez Julián Ercolini elevó a juicio la causa, este lunes se fijó la fecha para el inicio de la vista oral.
La Justicia federal investiga el presunto “direccionamiento” de contratos a favor del Grupo Austral en Santa Cruz, cuna del kirchnerismo y provincia de la que el expresidente Néstor Kirchner fue gobernador desde 1991 a 2003. El expediente apunta a que se perpetró un plan en Santa Cruz para el manejo “fraudulento” de fondos estatales en favor de las empresas de Báez, que resultaron adjudicatarias de casi la totalidad de las obras viales licitadas en esa provincia durante los 12 años en que se extendieron los gobiernos kirchneristas nacionales.
A los imputados se les acusa de haber formado parte de una asociación destinada a cometer delitos para “apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada” de los fondos asignados a la obra pública vial mediante licitaciones con “múltiples irregularidades” destinadas al favorecimiento del empresario.
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