La prestación alimentaria volvió al centro del debate público en Paraguay luego de varios casos judiciales y proyectos legislativos que reavivaron una problemática tan extendida como naturalizada: Miles de padres incumplen parcial o totalmente con la manutención de sus hijos, mientras las madres cargan casi en soledad con los costos de crianza, educación y salud. Aunque la figura ya estaba prevista en la normativa, el caso generó fuerte repercusión porque refleja una realidad frecuente: Ejecuciones frustradas, padres sin bienes registrables y obligaciones incumplidas durante años. La iniciativa propone que la obligación alimentaria cese automáticamente cuando el hijo cumpla 18 años, sin necesidad de una sentencia judicial que declare extinguida la prestación. Entre expedientes acumulados, padres morosos y juzgados saturados, la discusión sobre alimentos dejó de ser únicamente un asunto privado para transformarse en un reflejo de las profundas dificultades económicas, culturales y familiares que atraviesa el Paraguay.
La prestación alimentaria volvió al centro del debate público en Paraguay luego de varios casos judiciales y proyectos legislativos que reavivaron una problemática tan extendida como naturalizada: Miles de padres incumplen parcial o totalmente con la manutención de sus hijos, mientras las madres cargan casi en soledad con los costos de crianza, educación y salud.
La discusión tomó fuerza tras la difusión de testimonios de mujeres que denunciaron respuestas frecuentes de progenitores morosos, resumidas en expresiones como “con lo que te paso ya alcanza”, pese al constante aumento del costo de vida y de las necesidades básicas de niños y adolescentes.
En nuestro país, la cuota alimentaria se convirtió desde hace años en uno de los principales focos de litigio en los juzgados de la Niñez y la Adolescencia. Los expedientes por incumplimiento se multiplican, al igual que los registros de deudores alimentarios. En muchos casos, los obligados desaparecen, trabajan informalmente para evitar embargos o dilatan los procesos mediante incidentes judiciales, generando meses e incluso años de atraso.
La situación es todavía más compleja porque la obligación alimentaria no se limita únicamente al pago de dinero. La legislación paraguaya entiende que los alimentos comprenden vivienda, salud, educación, vestimenta y recreación, elementos cuyo costo se incrementó notablemente en los últimos años. Sin embargo, en la práctica, numerosas madres denuncian que deben afrontar solas la crianza cotidiana mientras el aporte paterno resulta insuficiente o inexistente.
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