<p>Durante la sesion plenaria de este miercoles 12 de febrero, la vicepresidenta primera de la Corte Suprema de Justicia, titular de la Sala Penal y coordinadora de la Oficina Tecnica Penal, doctora Maria Carolina Llanes Ocampos, informo sobre las acciones impulsadas en el marco de la lucha contra el crimen organizado. Destaco que varias iniciativas se desarrollan en un esfuerzo conjunto con otras instituciones.</p>
Durante la sesión plenaria de este miércoles 12 de febrero, la vicepresidenta primera de la Corte Suprema de Justicia, titular de la Sala Penal y coordinadora de la Oficina Técnica Penal, doctora María Carolina Llanes Ocampos, informó sobre las acciones impulsadas en el marco de la lucha contra el crimen organizado. Destacó que varias iniciativas se desarrollan en un esfuerzo conjunto con otras instituciones.
En ese sentido, estas acciones buscan coordinar esfuerzos y establecer estrategias conjuntas para enfrentar de manera más efectiva a las organizaciones criminales, reflejando el compromiso de la Corte Suprema de Justicia en liderar y colaborar con diversas instituciones nacionales e internacionales para combatir este flagelo.
Al respecto, y con el objetivo de puntualizar las acciones de la Corte Suprema en materia de justicia penal especializada y las medidas implementadas, la vicepresidenta primera mencionó que “el año pasado, durante la presidencia del doctor Benítez Riera, se conformó una mesa de trabajo interinstitucional para definir una Política Criminal Integral, con el ministro del Interior, Enrique Riera Escudero, y el Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón. En esa ocasión, cada una de las instituciones involucradas se comprometieron a presentar propuestas para mejorar dicha Política Criminal, en lo...
Asimismo, recordó la decisión adoptada en la sesión plenaria del 17 de julio de 2024, que consistió en “remitir para conocimiento de los ministros el borrador del proyecto ‘Lineamientos para un Plan Nacional de Política Criminal’, elaborado por la OTP. Dicho documento fue remitido al Ministerio Público, al Ministerio del Interior y al Ministerio de Justicia, dado que los organismos rectores de la Política Criminal del Estado son el Poder Ejecutivo y el Legislativo”.
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