La Corte Suprema de Justicia ordenó este lunes una auditoría en el proceso iniciado tras la demanda de quiebra fraudulenta de la Procuraduría General de la República (PGR), para recuperar los G. 15.000 millones que el Estado desembolsó a fin de saldar las deudas en la Azucarera Iturbe.
La causa del retraso serían las chicanas encaradas por el abogado de los accionistas de la azucarera de Guairá y la lenta reacción judicial. La Corte dispuso la remisión de estos antecedentes a la Dirección General de Auditoría de Gestión Judicial.
El Estado paraguayo había destinado, por ley, fondos para efectivizar los pagos a obreros, productores y transportistas de la empresa bajo la figura de “responsabilidad social”, lo que fue muy cuestionado teniendo en cuenta que se trató de una mala gestión de una empresa privada.
El pedido de quiebra de la azucarera fue presentado en 2015, según detalló el abogado de la PGR, Daniel Rodríguez, quien señaló que desde el principio el proceso estuvo plagado de chicanas, entre recusaciones y retrasos.
Actualmente, el caso está a cargo de la jueza del noveno turno Mafalda Cameron, que ya está en condiciones de resolver la quiebra, pese a que antes fue impugnado el juez Mendoza, caso que quedó pendiente de ser resuelto.
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