Corte ordenó auditoría del Juzgado de Norma Salomón, cuyo esposo está detenido. La Fiscalía le imputó por dos delitos, pero otra jueza admitió sólo uno.
La Corte Suprema de Justicia ordenó la realización de auditoría a la gestión de la jueza, Norma Salomón, cuyo esposo, el abogado Farid Gustavo González, fue detenido e imputado por extorsión y tráfico de influencias, por pedir dinero a cambio de favores a una persona detenida por violencia familiar. La Fiscalía pidió prisión para González y la jueza penal de garantías, Rosana Carvallo, ordenó prisión domiciliaria.
A pedido del ministro de la Corte, Eugenio Giménez Rolón, superintendente de Justicia del Departamento Central, la Corte resolvió hacer la auditoría al Juzgado de Salomón, que es el Juzgado Penal de Garantías de la ciudad de Capiatá. El propio ministro Giménez Rolón envió una nota a la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional para los trámites pertinentes.
Además, el ministro Giménez solicitó al presidente del Consejo de Superintendencia, doctor César Diesel, la instrucción de sumario administrativo al abogado Farid Gustavo González. Según la Fiscalía, éste se encargó de pedir 30 millones de guaraníes a un proceso por violencia doméstica. La Fiscalía se incautó el vehículo en que González iba a retirar el dinero y constató que el vehículo estaba a nombre de la magistrada. Asimismo se incautó también del teléfono celular de González.
Paralelamente, se discute la situación de González, cuya prisión domiciliaria ordenó la jueza Rosana Carvallo. Según la jueza, le otorgó a González prisión domiciliaria porque la Fiscalía no dio elementos suficientes para justificar el peligro de fuga, que es un requisito para la prisión en la cárcel. Además, la Fiscalía imputó a González por extorsión y tráfico de influencias; pero la jueza citada sólo admitió la imputación por extorsión.
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