La acción de inconstitucionalidad planteada por la Contraloría General para no hacer públicas las declaraciones juradas de bienes de altos funcionarios públicos sigue sin ser estudiada siquiera por la Corte Suprema de Justicia.
Hace ya más de dos meses que la Contraloría General de la República (CGR) planteó una acción de inconstitucionalidad para no entregar las declaraciones juradas de bienes y renta de las más altas autoridades del país en los últimos 20 años. La Corte Suprema de Justicia dio trámite a la acción, pero desde entonces ni siquiera la ha estudiado.
Ese organismo de control de las cuentas del Estado acudió ante la máxima instancia judicial para evitar entregar información que es pública y a la que debería acceder la ciudadanía para poder cotejar la situación patrimonial de los funcionarios públicos con sus ingresos.
La Contraloría presentó la acción luego de que el juez Rubén Riquelme y el Tribunal de Apelación Primera Sala de Asunción fallaran a favor del periodista Juan Carlos Lezcano, quien había acudido ante la Justicia ante las reiteradas negativas de la CGR de entregar la información que es pública.
Uno de los pobres argumentos utilizados por los abogados de la Contraloría para insistir en no mostrar las declaraciones juradas es que estas no son calificadas como información pública en la ley de acceso a la información.
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