La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió dar trámite a la acción de inconstitucionalidad promovida por Hilario Adorno Mazacote, ex intendente de Puerto Casado, quien cuestiona la validez de su condena por corrupción a tres años y ocho meses de prisión.
Hilario Adorno Mazacote, ex intendente de Puerto Casado, cuestiona la validez de la Sentencia Definitiva 256, dictada el 13 de junio de 2025 por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Corrupción 2 de la Capital, así como el acuerdo y sentencia 9, emitido el 8 de octubre de 2025 por el Tribunal de Apelación en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Corrupción.
El Tribunal de Apelación confirmó en octubre la condena de tres años y ocho meses para el intendente de Puerto Casado, Hilario Adorno Mazacote, por lesión de confianza y administración en provecho propio.
La defensa del ex intendente sostiene que ambas resoluciones vulneraron diversos artículos de la Constitución Nacional, especialmente los referidos al derecho a la defensa, a la prohibición del uso de pruebas obtenidas de forma ilícita, al debido proceso, así como a los artículos 1, 19 y 125 del Código Procesal Penal.
Los fundamentos de la impugnación, según la presentación, consiste en que las resoluciones cuestionadas incurrieron en arbitrariedades y falta de fundamentación clara, prolongación indebida de la etapa preparatoria, introducción de una segunda imputación encubierta, violando el principio de legalidad, valoración incorrecta de pruebas, incluyendo documentos y testimonios considerados por la defensa como contaminados y afirmaciones del Ministerio Público que, según el accionante, se realizaron sin sustento concreto y sin permitir el ejercicio pleno de la defensa.
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