Hace cuatro meses que la Corte Suprema de Justicia congela la acción que puede obligar a la Contraloría General de la República (CGR) a hacer públicas las Declaraciones Juradas de Bienes de las más altas autoridades, lo que afectaría incluso a los propios ministros de dicha instancia.
Hace ya más de cuatro meses que la Contraloría General de la República planteó una acción de inconstitucionalidad para no entregar las declaraciones juradas de bienes y renta de las más altas autoridades del país en los últimos 20 años. La Corte Suprema de Justicia dio trámite a la acción, pero desde entonces ni siquiera la ha estudiado.
Ese organismo de control de las cuentas del Estado acudió ante la máxima instancia judicial para evitar entregar información que es pública y a la que debería acceder la ciudadanía para poder cotejar la situación patrimonial de los funcionarios públicos con sus ingresos.
La Contraloría presentó la acción luego de que el juez Rubén Riquelme y el Tribunal de Apelación Primera Sala de Asunción fallaran a favor del periodista de ABC Color Juan Carlos Lezcano, quien había acudido ante la Justicia ante las reiteradas negativas de la CGR de entregar la información que es pública.
La Sala Constitucional está conformada por los ministros Antonio Fretes, Gladys Bareiro de Módica y Myriam Peña Candia.
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