La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas rechazó un pedido de reconsideración que presentó la Corte y ratificó la orden por la cual el alto tribunal debe modificar el pliego del llamado a concurso para seguro contra todo riesgo. Se fortalecen las sospechas de que se amañó la licitación para favorecer a “empresas amigas”. El monto en juego es US$ 2 millones.
En el rechazo del pedido de reconsideración, la Dirección Nacional de Contrataciones Pública, DNCP, refirió que la Corte Suprema no desvirtuó lo argumentado en la resolución recurrida, mediante la cual se había ordenado al máximo tribunal de la República modificar algunas cláusulas del pliego de bases y condiciones.
Contrataciones ratificó el llamativo cambio de criterio de la Corte en cuanto a los indicadores establecidos en anteriores llamados con respecto al seguro contra todo riesgo para el Poder Judicial.
Los antecedentes revelan que el alto tribunal convocó el año pasado a una licitación pública nacional, subasta a la baja electrónica, para la contratación de seguros contra todo riesgo. Se presentaron varias empresas, que luego se encontraron con la sorpresa de que en el pliego de bases y condiciones se incluyeron ciertos requisitos que solamente podrían cumplir determinadas empresas.
Uno de los requisitos más cuestionados por algunos oferentes fue la “exigencia arbitraria” con respecto al “capital mínimo de 5 años atrás”. Así se estaría direccionando la licitación a favor de ciertas firmas. En años anteriores la exigencia era de solo 3 años.
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