La institución reguladora asegura que los contratos firmados por el MOPC con el primo del ministro Jiménez Gaona no son ilegales, ya que los secretarios de Estado ni siquiera son considerados funcionarios públicos.
La directora de Capacitación de la DNCP, abogada Cynthia Leite, explicó que el artículo 40 de la Ley 2051/03 (De Contrataciones) establece que ningún funcionario público o sus familiares puede ser proveedor del Estado. Sin embargo, aseguró que según la Ley 1626/00 (De la Función Pública), los ministros del Poder Ejecutivo ni siquiera son considerados funcionarios o empleados públicos.
"Hay una limitación legal en la actual Ley de Contrataciones. Porque en su artículo 40 prohíbe a los funcionarios públicos ser proveedores, pero si nos remitimos a la Ley 1626, esa ley excluye a los ministros como funcionarios", expresó.
"Entonces, no hay impedimento jurídico que le prohíba en este caso al MOPC contratar a la empresa del primo del ministro. Podríamos discutir si éticamente es correcto o no, pero la posición que asumió la Dirección es que ningún ministro está inhabilitado para ser proveedor del Estado", agregó Leite.
Señaló que idearon un proyecto para modificar la legislación actual que data del 2003, pero espera por dictamen jurídico en el Ministerio de Hacienda.
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