IRUÑA. La Contraloría General de la República (CGR) reportó a la Fiscalía el hallazgo de indicios de un millonario daño patrimonial en la Municipalidad de este distrito ubicado al sur de Alto Paraná. Transferencia irregular a una comisión y anomalías en la provisión del almuerzo escolar son los hechos denunciados por el ente contralor.
La Contraloría General de la República (CGR) remitió a la Fiscalía Anticorrupción un reporte de hallazgo de indicios de hechos punibles en la Municipalidad de Iruña, tras una auditoría a los ejercicios fiscales 2021 y 2022.
En su reporte la CGR comunicó que la Municipalidad efectuó en 2021 cuatro transferencias por un valor global de G. 103.200.000 al “Consejo de Desarrollo Distrital Iruña”, presidido por Leda Mabel Lorenz Morán quien resultó ser funcionaria de la propia institución municipal.
Los auditores recalcaron que el artículo 278 de la Ley Orgánica Municipal prohíbe a las autoridades distritales y a funcionarios celebrar contrato con la Municipalidad donde presten servicios. Ante esta situación, la Contraloría considera que existiría un daño patrimonial de G. 103.200.000.
La CGR igualmente informó al Ministerio Público irregularidades en la provisión del almuerzo escolar en 2022. Este servicio estaba a cargo de la firma unipersonal Fasv Import Export, de la seccionalera cartista María de Fátima Sartorio Vanni. Esta proveedora está involucrada en numerosos casos denunciados por la Contraloría.
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