El director de Declaraciones Juradas de la Contraloría, Armindo Torres, refirió que este mes, el órgano contralor comienza el estudio de correspondencia de bienes de otro grupo de más de 50 magistrados. “Un aumento patrimonial no constituye un delito en sí mismo, siempre y cuando se pueda justificar con fuentes legítimas y documentadas. Sin embargo, […]
El director de Declaraciones Juradas de la Contraloría, Armindo Torres, refirió que este mes, el órgano contralor comienza el estudio de correspondencia de bienes de otro grupo de más de 50 magistrados. “Un aumento patrimonial no constituye un delito en sí mismo, siempre y cuando se pueda justificar con fuentes legítimas y documentadas. Sin embargo, cuando este crecimiento no tiene justificación, hablamos de un posible enriquecimiento ilícito”, refirió el alto funcionario. Por otro lado, informó que está concluyendo el análisis de correspondencia entre los ingresos y egresos de más de 50...
“El incremento significativo en el patrimonio de un funcionario es un tema que se debe de analizar, aunque puede no ser ilegal, merece una explicación detallada. Un crecimiento patrimonial no constituye un delito en sí mismo, siempre y cuando se pueda justificar mediante fuentes legítimas y documentadas. Sin embargo, cuando este crecimiento no tiene justificación, hablamos de un posible enriquecimiento ilícito”, explicó Torres a El Observador.
“En esos casos, el rol de la Contraloría es fundamental y su responsabilidad es analizar el origen de este patrimonio y, si encuentra inconsistencias o signos de un incremento injustificado, tiene la obligación de remitir los hallazgos al Ministerio Público. Esta es una medida crucial para asegurar la transparencia y la integridad en la función pública, donde debemos mantener estándares éticos elevados y demostrar que el patrimonio se ha adquirido de forma legítima”, manifestó el director de Declaraciones Juradas.
“Garantizar la transparencia en el crecimiento patrimonial de los funcionarios es esencial para preservar la confianza en la gestión y en el manejo de la cosa pública”, enfatizó Torres. Fue luego de ser consultado con relación al caso el juez de Luque, Enrique Sanabria, quien de acuerdo a sus declaraciones juradas entre los años 2015-2023 aumentó patrimonio en 285 por cientos.
Leer la nota completa en El Observador
