La Contraloría identificó una serie de irregularidades en el análisis patrimonial de 7 de los 8 jueces de paz de Capital, lo que motivó el traslado de las observaciones a los magistrados, que ahora deben presentar sus descargos. Por un lado, es posible que puedan justificar los hallazgos detectados y por el otro, que no […]
La Contraloría identificó una serie de irregularidades en el análisis patrimonial de 7 de los 8 jueces de paz de Capital, lo que motivó el traslado de las observaciones a los magistrados, que ahora deben presentar sus descargos. Por un lado, es posible que puedan justificar los hallazgos detectados y por el otro, que no puedan demostrar, por ejemplo, un incremento patrimonial, lo que derivaría en una denuncia ante la Fiscalía por enriquecimiento ilícito.
El estudio de correspondencia solicitó la Corte, tras estallar la “mafia de los pagarés”. Los magistrados que tienen observaciones son: Lourdes Yumi Piñeiro, Gustavo Villalba, Víctor Rodríguez, Nathalia Garcete, Gloria Machuca, Alejandro Peña, Analía Cibils y la exjueza Liliana de Bristot. Tiene dictamen de correspondencia Elvira Franco.
Para dar seguimiento al estudio de correspondencia de bienes de los jueces de paz de Capital y otros funcionarios, El Observador, consultó la situación a la Contraloría.
El director de Declaraciones Juradas, Armindo Torres, refirió que no puede brindar detalles del trabajo que realiza el órgano contralor y explicó que de acuerdo con las normativas vigentes, los funcionarios cuentan con un plazo de 10 días hábiles para responder y adjuntar la documentación que respalde la legitimidad de su patrimonio. “En caso de que las observaciones no sean debidamente justificadas, la Contraloría remitirá los antecedentes al Ministerio Público, entidad encargada de ejercer la acción penal pública, con el fin de determinar si existen elementos suficientes para abrir una...
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