Tras las auditorías realizadas a varios municipios, la Contraloría General de la República presentó denuncias en contra de varios distritos ante el Ministerio Público, para que profundice la investigación de lo que consideran hechos punibles, como lesión de confianza, entre otros. Inversión La Contraloría General de la República, durante el año 2018, presentó a la Fiscalía General del Estado 32 reportes de indicios de hechos punibles contra el patrimonio público por un total de G. Los formularios de reportes de indicios de hechos punibles contra el patrimonio son llenados con base en los hallazgos de los auditores y las profundizaciones de los auditores forenses, y luego son remitidos a la Fiscalía General del Estado en virtud del convenio de cooperación interinstitucional suscripto en setiembre del 2005 y renovado en julio de 2016, entre el mencionado organismo y la Contraloría General.
Tras las auditorías realizadas a varios municipios, la Contraloría General de la República presentó denuncias en contra de varios distritos ante el Ministerio Público, para que profundice la investigación de lo que consideran hechos punibles, como lesión de confianza, entre otros.
En ese sentido, en lo que va del año el ente contralor presentó denuncias contra 12 Municipalidades y están en proceso otras tres denuncias más, haciendo un total de 15 distritos en un solo año.
El principal problema de los intendentes es la malversación de los recursos de los fondos del Fonacide y de Royalties, que en la mayoría de los casos no cuentan con documentos respaldatorios de cómo fueron utilizados millonarios montos.
Entre los 15 municipios denunciados, las sumas malversadas van desde G. 18.435.201, como en el caso de la Municipalidad de 3 de Mayo, en uno de los departamentos más pobres del país como lo es Caazapá, hasta los G. 30.371.916.451 del Municipio de Salto de Guairá, Departamento de Canindeyú.
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