Agentes del Ministerio Público que investigan pagos irregulares a supuestas víctimas de la dictadura y que salpican al actual contralor de la República, Enrique García, están detrás de un esquema para defraudar al Estado. Igor Cáceres, uno de los fiscales investigadores, junto a Josefina Aghemo, aclaró que no existe aún imputación en el caso, pero mencionó que son 26 las carpetas de personas que fueron beneficiadas indebidamente con las millonarias indemnizaciones, donde el perjuicio sería de unos 3.300 millones de guaraníes. Todos ellos habrían sido firmados por el actual contralor.
Mencionó que fueron citados María Barrios, quien es directora de Delegaciones de la Defensoría, que había dictaminado en contra de las personas que de igual manera cobraron por pedido de Enrique García, quien era el procurador general de la República. “María Barrios había manifestado que no se le podía pagar a las personas que fueron solicitadas por el entonces procurador”, dijo el fiscal cuando incautaron varios informes de la Defensoría.
Además, existen ocho funcionarios más que firmaron contra la solicitud del procurador García, ya que sus documentos no estaban en regla.
Cáceres también nombró a Héctor Fernández, encargado del área judicial de la Defensoría, quien realiza los trámites para los pagos de las indemnizaciones, como también Sabina Romero, quien se desempeña como analista de indemnizaciones en un departamento del Ministerio de Hacienda. A ella se suma Berenice Ortega, encargada de Análisis e Informes del Ministerio de Hacienda.
El fiscal manifestó que nunca habló con el actual defensor del Pueblo Miguel Godoy, pero que oportunamente lo llamaría para una testimonial.
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