El fiscal Alcides Giménez Zorrilla imputó a un contador y auditor de una entidad bancaria por un presunto hecho de estafa que supera los Gs. 149 millones. Según la investigación, el profesional adquirió mercaderías electrónicas y otros productos de la firma A.A.G. Celulares, abonando mediante cheques que fueron emitidos desde una cuenta corriente inhabilitada, lo […]
El fiscal Alcides Giménez Zorrilla imputó a un contador y auditor de una entidad bancaria por un presunto hecho de estafa que supera los Gs. 149 millones. Según la investigación, el profesional adquirió mercaderías electrónicas y otros productos de la firma A.A.G. Celulares, abonando mediante cheques que fueron emitidos desde una cuenta corriente inhabilitada, lo que provocó el rechazo de los mismos al ser presentados al banco.
De acuerdo con los antecedentes del caso, el implicado realizaba compras habituales desde el año 2022, utilizando cheques, transferencias y efectivo sin inconvenientes. Sin embargo, a partir de enero del 2025 comenzaron a surgir problemas cuando los cheques emitidos fueron devueltos por insuficiencia de fondos y bloqueo de la cuenta corriente. Pese al impedimento bancario, el imputado siguió emitiendo documentos de pago, generando una deuda total de Gs. 149.060.000 correspondiente a once cheques que no pudieron ser cobrados.
La denuncia presentada por los representantes de la empresa derivó en una investigación que permitió recabar facturas de ventas, extractos bancarios, copias de cheques y la declaración testifical de la víctima. Estos documentos evidencian que los pagos fueron simulados y que los fondos nunca estuvieron disponibles para cubrir las operaciones comerciales. Según el fiscal, este comportamiento constituye un indicio sólido del delito de estafa, ya que se utilizó un medio de pago inválido para obtener bienes de forma indebida.
Durante el proceso, la defensa del imputado manifestó la intención de regularizar la deuda mediante pagos parciales consignados en una cuenta judicial. No obstante, hasta la fecha no se registró ningún depósito que demuestre el cumplimiento de lo anunciado, lo que mantiene vigente la obligación económica y fortalece la hipótesis fiscal respecto a la falta de voluntad de resarcir el daño causado.
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