Una consulta frecuente que recibimos en la ANEAES por parte de la ciudadanía es ¿para qué sirve la acreditación de las carreras? Resulta que, a primera vista, los servicios ofrecidos en el mercado local, como podrían ser un corte de cabello, un café o una asesoría comercial, no poseen procesos similares. Por tanto, los correspondientes a la “educación superior” parecieran estar “sobre regulados” y “sobre controlados”.
Sin embargo, con una mirada más profunda, puede verse que la educación superior es un activo cualitativamente distinto a los demás bienes de servicio. No puede asimilarse a un hotel o a un restaurante, donde una mala experiencia se corrige fácilmente: basta con no volver y elegir otra opción. En esos casos, el mercado responde con rapidez: prueba, error y corrección inmediata.
La educación superior, en cambio, funciona bajo otra lógica. Aunque en ella los errores forman parte del aprendizaje y la calidad debe concebirse como mejora continua, no puede ignorarse que sus fallas tienen un costo mucho más alto y repercusiones colectivas. ¿Qué pasa si la carrera no cumple estándares mínimos de calidad? ¿Cuáles son las alternativas cuando un estudiante que terminó una carrera universitaria no adquirió las competencias básicas comprometidas en la misma? De la calidad de un médico, un ingeniero o un docente depende también la vida pública de un país.
Ahora bien, la justificación del aseguramiento de la calidad no puede sostenerse únicamente en la enunciación general de que la educación es un bien público. Esa afirmación es cierta y necesaria, pero insuficiente. La necesidad de garantizar calidad surge también de manera inductiva, observando cómo funciona el mercado cuando se lo deja operar sin contrapesos. En efecto, el mercado educativo, con su lógica de competencia y captación de estudiantes, genera asimetrías de información, incentivos a la publicidad rimbombante y promesas que muchas veces no se corresponden con los resultados. En...
El concepto de externalidad ayuda a iluminar esta diferencia. Cuando la formación es deficiente, no solo pierde el estudiante que invirtió tiempo y dinero, sino también la sociedad que convive con profesionales mal preparados. Pero también ocurre lo contrario: cuando la educación es de calidad, las externalidades positivas se multiplican —más productividad, innovación, cohesión social, ciudadanía crítica—, elevando el desarrollo de un país. La práctica regulatoria, entonces, no es un acto paternalista o expresión de burocratismo, sino la forma de internalizar esas externalidades: impedir...
Leer la nota completa en Diario ABC
