La cuestionada ley que habilita el subsidio al sector campesino se aprobó sin tener datos formales sobre posibles beneficiarios ni de la erogación que representará para el Estado. Se firmó un cheque en blanco sin fecha de vencimiento, lamentó la ministra de Hacienda, Lea Giménez.
“Nadie sabe el monto ni de dónde saldrán los recursos, y tampoco se establecen límites de cortes para las deudas vencidas. Es una enorme irresponsabilidad”, lamentó la ministra Lea Giménez en reacción a la cuestionada Ley de Rehabilitación Financiera, que fue aprobada por el Congreso el miércoles último.
En cuanto a la posición de su ministerio, Giménez dijo ayer a ABC Cardinal que ellos siguen teniendo “la misma postura de rechazo al plan” que subsidia las deudas de los miembros de la Coordinadora Nacional Intersectorial.
No obstante, añadió que desde Hacienda estarán atentos a la decisión que tomará el Ejecutivo y que acompañarán la misma. “Lo primero que pedimos es que nos faciliten la lista de posibles beneficiarios y monto de las deudas con base en unos datos formales y no simples estimaciones”, acotó.
La titular de Hacienda añadió que hasta ahora no tienen de dónde agarrarse y que no pueden saber aún el impacto que tendrá la misma. Aseguró que los únicos datos que recibieron por parte de los afectados son preliminares y totalmente informales, en un pedacito de papel, que consta que habría unos 17.000 afectados y el monto llegaría a los US$ 34 millones, pero también hay otras fuentes que dicen que la ayuda representaría unos US$ 2.400 millones.
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