Condenas por esquema sistemático para falsificar certificados y lucrar con trámites municipales - El Observador

Condenas por esquema sistemático para falsificar certificados y lucrar con trámites municipales - El Observador

Conversaciones por WhatsApp, dinero marcado, simulación de trámites y testimonios claves expusieron la red montada dentro de la Dirección de Tránsito de San Lorenzo, que permitió durante años la expedición irregular de certificados de vida y residencia. El juicio dejó en evidencia cómo operaba el esquema que terminó con dos funcionarias condenadas. Durante el juicio […]

Conversaciones por WhatsApp, dinero marcado, simulación de trámites y testimonios claves expusieron la red montada dentro de la Dirección de Tránsito de San Lorenzo, que permitió durante años la expedición irregular de certificados de vida y residencia. El juicio dejó en evidencia cómo operaba el esquema que terminó con dos funcionarias condenadas.

Durante el juicio oral y público que culminó con la condena de Mabel Corvalán Achucarro y Nilsa Evelin Morel Giménez, el Tribunal de Sentencia presidido por la jueza Karina Cáceres e integrado además por Ana Rodríguez y Yolanda Morel, no solo verificó la comisión de hechos punibles, sino que reveló el funcionamiento interno de un esquema irregular sostenido por tiempo prolongado dentro de la Dirección de Tránsito municipal. Se trataba de una práctica instalada que lucraba con documentos públicos que, por ley, debían ser gratuitos.

El punto neurálgico del esquema era el certificado de vida y residencia, un documento exigido para tramitar la licencia de conducir. De acuerdo con la legislación vigente —incluida la Resolución 805/16 de la Policía Nacional—, este debe ser expedido gratuitamente por la comisaría correspondiente, y solo puede ser firmado por el jefe o subjefe policial.

Sin embargo, en San Lorenzo, estos certificados eran ofrecidos a contribuyentes por entre 25.000 y 30.000 guaraníes, directamente desde las oficinas municipales. En el juicio quedó probado que era la funcionaria Mabel Corvalán quien ofrecía “agilizar” la obtención de estos documentos, y que luego derivaba la confección de los mismos a la suboficial de Policía Nilsa Morel, quien, sin estar legalmente autorizada, los elaboraba, firmaba y devolvía a Corvalán para anexarlos al expediente.

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