Conatel dispuso a través de una resolución que la Policía Nacional tenga la atribución de solicitar a una compañía telefónica el bloqueo de una determinada línea, algo que es potestad de un juez. La disposición preocupa al sector.
“Los operadores de servicios de telecomunicaciones deberán incluir en el contenido del contrato con sus usuarios y abonados una cláusula de aceptación del bloqueo de las líneas telefónicas, cuando se reciba dicho pedido de bloqueo por parte de la Policía Nacional y se cumplan con todos los requisitos establecidos en el protocolo de bloqueo de líneas telefónicas estipulado entre los operadores y la Policía Nacional”, dice el artículo 1° de la resolución N° 583/20 de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), presidida por Juan Carlos Duarte Duré. El documento tiene fecha 19 de...
Al respecto, nuestro diario consultó ayer con las empresas de telefonía y estas pusieron énfasis en la gravedad de la disposición, que iría contra el artículo 36 de la Constitución Nacional que garantiza el derecho a la comunicación.
Además, la Policía Nacional no tiene dentro de su ley orgánica la potestad de suspender servicios de telecomunicaciones, de acuerdo con lo explicado. En tanto que la Conatel mucho menos posee la atribución de darle a la Policía dicha potestad, que está en la competencia de un juez de garantías.
De acuerdo con las explicaciones de las firmas de telefonía, el riesgo es que la Policía pueda equivocarse en un pedido de suspensión de servicios o peor aún, que se utilice esta resolución para persecución política por parte del poder de turno. Si ese fuera el caso, ¿quién reparará los daños por una suspensión que no estaba justificada?, se preguntan en el sector de las telecomunicaciones. Posiblemente, el responsable va a ser el operador y el perjuicio individual para el usuario sería gigantezco, alertaron.
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