La investigación penal de las firmas falsificadas en las planillas presentadas por la ANR ante la Justicia Electoral para impulsar la reelección vía enmienda está paralizada, gracias a la complicidad de la Corte con políticos colorados. La ministra Alicia Pucheta, sospechosamente pidió la carpeta fiscal que se “encajonó” en el alto tribunal y con ello se trabó la imputación de los involucrados en la comisión de delitos.
En la causa penal abierta para individualizar a los responsables de la falsificación de firmas en las planillas pro enmienda no se puede realizar ninguna diligencia, debido a que la carpeta fiscal está en la Sala Penal.
El 16 de febrero pasado, la ministra Alicia Pucheta remitió un oficio al fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, mediante el cual solicitó la carpeta fiscal contra “Personas innominadas sobre producción de documentos no auténticos y otros”, para determinar quiénes son partes en la causa más arriba señalada.
Pucheta, de esta forma se habría prestado a la maniobra de políticos colorados que buscan dilatar el proceso, para evitar ser imputados por falsificación de firmas en las planillas pro enmienda de la Constitución.
La intervención de la Corte Suprema se dio ante la impugnación de la resolución del fiscal general del Estado, quien confirmó en la causa al fiscal Fabián Centurión. Este había sido recusado por el exintendente de Lambaré y presidente de la seccional colorada de dicha ciudad, Roberto Cárdenas, por su “falta de objetividad” en el caso.
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