Latinoamérica tiene aún mucho por hacer para que su pionero Acuerdo de Escazú se traduzca en un acceso concreto de las comunidades indígenas a la información, la participación y la protección legal en asuntos ambientales, un reto que ha sido eje de debates en una reunión de los Estados parte del tratado que concluyó en Buenos Aires.
El Acuerdo de Escazú, que entró en vigor hace dos años, tiene como objetivo garantizar el acceso a la información, la participación pública en los procesos de toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales y crear instrumentos de protección a los defensores ambientales, entre los que están las comunidades indígenas.
Vista general hoy de la segunda reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, en Buenos Aires (Argentina). EFE/Matías Martín Campaya
Aunque ya es un logro el compromiso para garantizar estos derechos asumido por los 15 países de Latinoamérica y el Caribe que, hasta ahora, han ratificado este tratado, la segunda reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú que terminó este viernes deja algo de sabor amargo para las comunidades indígenas.
Y es que en la conformación del comité de apoyo a la aplicación y el cumplimiento del tratado -principal objetivo de esta cita en Argentina- ninguno de sus siete integrantes es indígena.
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